Así lo menciona EL ECONOMISTA
Pese a que el primer concepto de criptomoneda fue acuñado por Wei Dai en 1998, no fue hasta el año 2009 cuando se creó la primera divisa con esas características bajo el nombre de Bitcoin. Se trata de un medio digital de intercambio que, aunque lleva 13 años rodando, empezó a registrar cifras asombrosas en 2020, el mismo año que Emilia Zaballos, experta penalista desde hace más de 30 años, fundó la primera Asociación de Afectados por Inversión en Criptomonedas (AAIC).
Actualmente, existen alrededor de 10.000 tipos de criptomonedas, aunque estas no están admitidas ni controladas por ninguna entidad bancaria y a excepción de El Salvador, que en 2021 se convirtió en el primer país en adoptar la criptodivisa como moneda de curso legal o hay nación que la respalde. Sin embargo, los últimos datos publicados sobre este activo de moda reflejan con claridad el impacto que tiene. Además del riesgo de blanqueo de capitales, ya que esta divisa puede cambiarse por dinero fiat, el Banco Central Europeo (BCE) alerta de que la valoración del mercado de las criptomonedas, 2,4 billones de dólares (2,2 billones de euros),ya dobla al de las hipotecas subprime, también conocidas como basura.
Y como toda actividad que mueve cantidades ingentes de dinero, el boom de estas monedas digitales ha traído consigo profesiones de dudosa fiabilidad, denominadas por la propia CNMV como «chiringuitos financieros». Así lo explica Emilia Zaballos en una entrevista con este medio, donde puntualiza, antes que nada, que «el problema no está en la criptomoneda en sí, sino que surge alrededor de la utilización y forma que se está llevando a cabo la transición entre el dinero fiat y este nuevo sistema». La asociación que preside la abogada fue creada para aunar a todas las personas que han sido afectadas por actuaciones fraudulentas por parte de brókeres o plataformas de inversión en criptomonedas. En datos, son más de 3.500 personas las afectadas, de 15 países diferentes, y la cantidad de dinero estafado asciende a los 900 millones de euros.
Lo que empezó siendo una llamativa forma de invertir el dinero se ha convertido, en algunos casos, en una estafa piramidal
Tal y como desgrana Zaballos, la crisis del coronavirus, y su consiguiente aumento de la precariedad, incrementó el número de personas que se animaba a invertir en criptodivisas, y también pulió las técnicas presuntamente fraudulentas para «aprovecharse del desconocimiento y necesidad» de las personas. «Se ha vendido la idea del pelotazo, del dinero fácil. Esto ha generado a personas que, sin tener formación dentro del mercado de valores o el mundo de la inversión, y ni siquiera de las criptos, hacen dinero a costa de los más imprudentes o incautos», expresa la abogada. «Se debería crear un organismo, bien dependiente del Banco de España, o independiente, como la CNMV, que regule todo lo referente a la inversión de criptoactivos. Por un lado, que se apruebe la ley europea y podamos aplicarla aquí, y que se regule no solo la parte recaudatoria, sino la protección de todas las víctimas. Y por otro, que se cree un órgano que controle todas las transacciones, como lo hace la CNMV para el mercado de valores».
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Lo que empezó siendo una llamativa forma de invertir el dinero se ha convertido, en algunos casos, tal y como denuncia Zaballos, en una estafa piramidal. En este sistema, las ganancias que obtienen los primeros inversores son generadas gracias al dinero de nuevos participantes. Por lo tanto, en el momento que se detiene la captación de nuevos inversores, la estructura cae y los de abajo pierden dinero.
Vacío legal
La necesidad unida al desconocimiento y a las desproporcionadas cifras de rentabilidad que prometen estos falsos brókeres son el caramelo perfecto para aglutinar semejantes cifras de afectados. Pero, ¿qué hay de los organismos encargados de controlar estas acciones? «Ahora mismo hay un vacío legal a nivel mundial, se están produciendo estafas masivas, apropiaciones indebidas y muchos delitos colaterales. En España no tenemos ninguna regulación, salvo algo puntual», aclara Zaballos. A la espera de que se apruebe el Reglamento MiCa, que intenta crear un marco regulatorio que armonice la legislación sobre las criptodivisas en toda la Unión Europea, la letrada reprocha la actuación de los organismos españoles para «salir del paso».
Se trata de la Ley contra el Fraude, aprobada en 2021, una regulación que establece la obligación de «informar sobre saldos y titulares de las monedas en custodia». Así, la normativa viene a determinar que aquellas empresas que gestionen criptomonedas deberán informar de los distintos saldos, así como la identidad de los titulares de cada saldo. Una ley que, a juicio de Zaballos, está diseñada para «barrer para casa en vez de para proteger a los afectados», debido a su intención recaudatoria. «Lo que criticamos desde la asociación es que, en vez de actuar para todos los afectados, darles una seguridad jurídica, paralizar cuentas y agilizar los sistemas judiciales y de investigación para bloquearlo antes de que desaparezca el dinero del sistema, han empezado regulando una pequeña parte, que es la recaudatoria».
Así, Zaballos remarca que, aunque ella es partidaria de las criptodivisas, es fundamental que exista «formación e información real acerca del producto», así como una ley de enjuiciamiento adaptada y «profesionales especializados en esta materia en fiscalía y juzgados», reclama.
